La petrolera Shell podría avanzar en nuevos proyectos energéticos en Venezuela antes de finalizar 2026, aunque la decisión dependerá de que el país ofrezca condiciones adecuadas de seguridad jurídica y estabilidad fiscal.
Así lo afirmó el director ejecutivo de la compañía, Wael Sawan, durante su participación en la conferencia energética CERAWeek, celebrada en Houston, donde destacó que la empresa analiza cuidadosamente el entorno antes de comprometer inversiones de gran escala.
Según declaraciones recogidas por Reuters, Shell evalúa aprobar uno o dos proyectos en el país, siempre que existan reglas claras que permitan operar con confianza a largo plazo.
Acuerdos recientes en petróleo y gas
En las últimas semanas, la compañía ha firmado acuerdos con el Gobierno venezolano para desarrollar iniciativas tanto en gas costa afuera como en petróleo en tierra firme. Estos contratos incluyen proyectos en el estado Monagas, como las unidades Carito y Piritual, así como alianzas con empresas como VEPICA, KBR y Baker Hughes.
Estos movimientos forman parte de un renovado interés de grandes petroleras internacionales por el potencial energético de Venezuela, tras cambios recientes en el marco regulatorio que buscan atraer inversión extranjera.
Enfoque en gas natural y GNL
Sawan indicó que el enfoque inicial de Shell está en el desarrollo de gas natural, especialmente en proyectos que permitan su comercialización a través de gas natural licuado (GNL).
En este contexto, la empresa ha mostrado especial interés en proyectos costa afuera, como el campo Dragón, que podría convertirse en una fuente clave de exportación de gas hacia mercados internacionales en los próximos años.
Inversiones condicionadas
La postura de Shell coincide con la de otras grandes compañías como Chevron, que también han condicionado nuevas inversiones a reformas legales más claras, especialmente en materia de impuestos, contratos y mecanismos de arbitraje.
Analistas del sector señalan que, aunque Venezuela cuenta con vastos recursos energéticos, la falta de estabilidad regulatoria sigue siendo uno de los principales obstáculos para atraer capital internacional a gran escala.