El fallecimiento del exgobernador de Nueva Esparta Alfredo Díaz, ocurrido el 6 de diciembre de 2025 en la sede del Sebin en El Helicoide, elevó a 25 el número total de presos políticos que han muerto mientras se encontraban bajo custodia de organismos de seguridad del Estado venezolano.
Organizaciones de derechos humanos advierten que esta cifra evidencia un patrón sistemático de responsabilidad estatal, marcado por condiciones de reclusión deficientes, falta de atención médica oportuna, aislamiento prolongado y restricciones al contacto con familiares y abogados. De acuerdo con los estándares internacionales, el Estado es garante absoluto de la vida y la integridad física de toda persona privada de libertad.
El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, recordó que cada una de estas muertes ocurre bajo responsabilidad directa del Estado, independientemente de las causas específicas, y subrayó la obligación de investigar de manera independiente, transparente y efectiva cada caso.
Alfredo Díaz, exmandatario regional y dirigente político, fue detenido en noviembre de 2024 y permaneció privado de libertad durante un año en El Helicoide, con severas limitaciones de contacto familiar. Su muerte se suma a una lista que incluye civiles y militares detenidos por razones políticas en distintos centros de reclusión del país.
Defensores de derechos humanos señalan que el aumento sostenido de fallecimientos bajo custodia refuerza las denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y reclaman a la comunidad internacional mantener la presión para que se garantice la vida, la atención médica y el debido proceso de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.