El Tribunal Supremo de España condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos relacionado con la presunta filtración de un correo que implicaba a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La sentencia, firme y de ejecución inmediata, supone su salida del cargo que ocupaba desde julio de 2022.
El fallo se conoció tras un juicio inédito que, por primera vez, llevó al máximo responsable del Ministerio Público al banquillo. De los siete magistrados que conformaron el tribunal, cinco concluyeron que García Ortiz vulneró el artículo 417.1 del Código Penal, que sanciona a funcionarios que difundan información reservada obtenida por razón de su cargo. Los otros dos jueces emitieron un voto particular discrepante.
Además de la inhabilitación, el Supremo impuso al fiscal general una indemnización de 10.000 euros por daños morales al empresario Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, así como el pago de las costas procesales. El tribunal reiteró que la divulgación del contenido del correo nunca debió producirse desde instancias oficiales.
El proceso judicial incluyó seis jornadas de audiencias y la declaración de cuarenta testigos, en medio de una fuerte confrontación entre las siete acusaciones personadas y la defensa del fiscal general. El juicio no logró esclarecer un punto crucial: quién filtró a la prensa el correo con la confesión del empresario. La falta de pruebas concluyentes mantiene este aspecto en la incertidumbre.
La condena marca un hito en la justicia española y abre un escenario de tensión institucional, dejando al Ministerio Público sin su máxima autoridad y a la espera de una nueva designación para encarar un periodo de inestabilidad interna.