El Gobierno de Luís Montenegro dio un giro drástico a la política migratoria portuguesa al aprobar una reforma de la Ley de Nacionalidad que convierte a Portugal en uno de los países más restrictivos de Europa para obtener la ciudadanía. La medida, aprobada por el Parlamento portugués en una intensa sesión, impone nuevos y más exigentes requisitos para acceder al pasaporte luso, rompiendo con una de las legislaciones más abiertas del continente.
Entre los cambios más polémicos destaca la eliminación del derecho automático a la nacionalidad para los hijos de migrantes nacidos en territorio portugués, una medida que organizaciones de derechos humanos califican como un retroceso en materia de integración y convivencia.
El nuevo texto legal establece que los solicitantes deberán residir legalmente en Portugal durante al menos siete años si proceden de países de lengua portuguesa o de la Unión Europea, mientras que los extranjeros de terceros Estados deberán esperar diez años para poder optar a la ciudadanía, en contraste con los cinco años de residencia que se exigían hasta ahora.
Con esta reforma, el Ejecutivo busca “reforzar los criterios de pertenencia y garantizar la cohesión nacional”, según explicó el ministro de Administración Interna. Sin embargo, la decisión ha generado críticas de la oposición y de organizaciones civiles, que advierten que el endurecimiento de los requisitos podría incrementar la exclusión social y obstaculizar la integración de miles de inmigrantes que han hecho de Portugal su hogar.