Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) exigieron mayor transparencia en el proceso de designación del fiscal general y del defensor del Pueblo en Venezuela, al considerar que el procedimiento actual incumple la normativa vigente.
A través de una carta pública difundida en redes sociales, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos denunció que el Comité de Postulaciones encargado del proceso no cumple con los principios de pluralidad establecidos en la ley.
“Lo que está pasando incumple la ley. El Comité de Postulaciones tiene mayoría del propio PSUV, sin representantes de universidades, sociedad civil ni gremios, con opacidad”, señaló la organización, que advirtió que la Ley Orgánica del Poder Ciudadano exige una composición diversa que actualmente no se estaría respetando.
La iniciativa también fue respaldada por otras organizaciones como el Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989, Espacio Público, la Fundación Centro Gumilla, el Observatorio Venezolano de Prisiones y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Las ONG insistieron en que la elección de estas autoridades no puede realizarse mediante una “designación a puerta cerrada”, ya que, a su juicio, un proceso sin participación ni control ciudadano compromete la legitimidad de los cargos.
Denuncian irregularidades tras renuncias
El reclamo se produce luego de las renuncias de Tarek William Saab como fiscal general y de Alfredo Ruiz como defensor del Pueblo, en medio de un proceso institucional que ha sido cuestionado por distintos sectores.
Las organizaciones señalaron que, tras estas dimisiones, no se habrían seguido los mecanismos establecidos por la ley para suplir las faltas absolutas. En el caso del fiscal general, la normativa indica que debe asumir el vicefiscal, mientras que en la Defensoría del Pueblo la responsabilidad recae en la dirección ejecutiva del organismo.
“Desconocemos la justificación para ejecutar la designación de forma distinta a lo pautado en las leyes correspondientes”, indicaron las ONG en su pronunciamiento.
En este sentido, reiteraron la necesidad de que el proceso de selección sea abierto, con reglas claras y participación plural, como garantía para fortalecer la institucionalidad y la confianza en el sistema de justicia del país.