Una coalición de organizaciones de la sociedad civil venezolana, defensores de derechos humanos y grupos ambientalistas advirtió que el proyecto de Ley Orgánica de Minas en discusión en la Asamblea Nacional podría agravar la crisis ambiental en el país y abrir espacios para la legitimación de actividades extractivas irregulares.
En un comunicado fechado el 23 de marzo, más de una docena de organizaciones denunciaron que la propuesta legislativa avanzaría en medio de “violaciones sistemáticas de derechos sociales y ambientales” y un debilitamiento del marco legal vigente.
Debate en medio de apertura minera
El Parlamento venezolano inició en marzo la discusión de esta nueva normativa, que busca reformar el sector minero y atraer inversión nacional e internacional, en un contexto de cambios recientes en la política económica del país.
El proyecto surge además tras decisiones que permiten mayor participación extranjera en la comercialización de minerales como el oro, incluyendo licencias otorgadas por Estados Unidos para ciertas operaciones vinculadas al sector.
Denuncias por impacto ambiental
Las organizaciones firmantes alertaron que, lejos de fortalecer los mecanismos de control, la ley podría “otorgar un barniz de legalidad al saqueo sistemático” en regiones como la Amazonía y el Escudo Guayanés, zonas de alta biodiversidad.
El señalamiento se suma a advertencias previas sobre el impacto de la minería en el sur del país, donde distintos actores han denunciado deforestación, contaminación de ríos y presencia de economías ilegales vinculadas a la extracción de oro.
Asimismo, grupos ambientalistas han advertido que la flexibilización del sector podría facilitar el comercio de lo que denominan “oro de sangre”, término utilizado para referirse a minerales extraídos en condiciones ilegales o vinculadas a violencia.
Contexto político y económico
El avance del proyecto ocurre en un escenario de transformación del modelo económico venezolano, en el que sectores estratégicos como el petróleo y la minería están siendo abiertos a capital extranjero como parte de un proceso de reactivación.
Sin embargo, organizaciones civiles sostienen que estos cambios se están produciendo sin garantías suficientes en materia ambiental, transparencia y derechos humanos.
Posturas enfrentadas
Mientras el oficialismo defiende la ley como un instrumento para atraer inversión y ordenar el sector minero, críticos advierten que podría profundizar los problemas estructurales existentes.
El proyecto aún debe avanzar en nuevas discusiones dentro del Parlamento antes de su eventual aprobación definitiva.