El Ministerio Público (MP) desmintió los rumores sobre la presunta muerte del preso político colombiano Luis Eduardo Quinchía, recluido en el Centro Penitenciario Rodeo I, ubicado en el estado Miranda. La institución también rechazó las denuncias sobre supuestas torturas contra reclusos tras una protesta registrada días recientes dentro del penal.
A través de un comunicado oficial, el organismo informó que una comisión de su Dirección General de Protección de Derechos Humanos realizó una inspección en el recinto, donde —según indicó— se verificaron directamente las grabaciones de las cámaras de seguridad vinculadas a los hechos. Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas a varios privados de libertad, incluido el propio Quinchía.
El MP aseguró que, tras la visita, se constató la aplicación de los procedimientos correspondientes durante la actuación de los cuerpos de seguridad. “Se pudo verificar el cumplimiento de los protocolos de rigor conforme a las normas que rigen el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, así como el respeto de los derechos humanos”, señala el texto.
No obstante, el organismo no precisó si hubo personas heridas durante el operativo, como había sido denunciado previamente, ni ofreció detalles sobre las condiciones actuales de reclusión de los internos, tanto políticos como comunes.
Familiares denuncian presuntos abusos
En contraste, familiares de presos políticos que permanecen en vigilia frente al penal desde hace meses han alertado sobre una situación irregular dentro de El Rodeo I. Según relataron, a través de videos grabados desde zonas cercanas al recinto, se escucharon gritos de los reclusos denunciando presuntos atropellos por parte de funcionarios de seguridad.
El pasado 6 de abril, el periodista Alejandro Hernández también reportó un incremento del movimiento militar en las inmediaciones del centro penitenciario, con presencia de patrullas y vehículos oficiales que entraban y salían a gran velocidad, lo que aumentó la preocupación entre los allegados de los detenidos.
A pesar de mantenerse en las afueras del penal desde enero como forma de protesta, los familiares aseguran que las autoridades penitenciarias se han negado a ofrecer información sobre lo que ocurre dentro del recinto, lo que ha intensificado la incertidumbre y las denuncias públicas.