En un intento desesperado por frenar el avance del proceso penal en su contra, el equipo legal del dictador venezolano derrocado Nicolás Maduro presentó nuevamente ante un tribunal federal en Nueva York una solicitud para que se desestime el caso judicial que enfrenta en Estados Unidos, argumentando que ha sido impedido de tener una defensa adecuada debido a sanciones que bloquean el uso de fondos para pagar a sus abogados.
La moción, presentada ante el juez Alvin K. Hellerstein del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, plantea que el gobierno de Estados Unidos ha obstruido su derecho constitucional a contratar y pagar a sus defensores legales, al impedir que el gobierno venezolano financie el pago de honorarios debido a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Los fiscales estadounidenses se oponen rotundamente a la petición y afirman que la prohibición del uso de fondos del gobierno venezolano no constituye una violación de derechos procesales, y que el juicio debe continuar con base legal válida.
El proceso incluye cargos graves, como narcotráfico y narcoterrorismo, en el marco de una causa que se ha prolongado durante años contra Maduro y altos funcionarios de su entorno por supuestas conspiraciones para traficar cocaína hacia Estados Unidos.
Desde su captura en enero y traslado a Nueva York, Maduro y Flores han demorado en enfrentar las acusaciones, y la defensa ha recurrido a todas las estrategias posibles para debilitar el caso, incluida la solicitud de desestimación debido a lo que describen como una interferencia injusta con su derecho a un juicio justo.
La solicitud del equipo legal representa un nuevo capítulo en una batalla jurídica que se vislumbra como una de las más polémicas y complejas en tribunales estadounidenses en décadas, colocando a Maduro en una posición vulnerable y cada vez más acorralada ante la justicia internacional.