Las comunas venezolanas han intensificado su actividad tras el llamado de Nicolás Maduro a “prepararse” ante una eventual confrontación armada con Estados Unidos, en un clima marcado por el creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe. El presidente Donald Trump ha defendido estas operaciones como parte de una ofensiva antidrogas, mientras el chavismo las presenta como una amenaza directa.
Desde septiembre, el régimen aceleró la creación de las Unidades Comunales Milicianas en más de 5.300 zonas del país. Estas estructuras, integradas a la denominada Base Popular de Defensa Integral, están compuestas por civiles movilizados bajo supervisión del oficialismo. Según cifras del propio régimen, más de ocho millones de personas se habrían sumado al proceso de alistamiento, un número difícil de verificar y cuestionado por analistas independientes.
En la práctica, Maduro ha convertido a estas unidades en la punta de lanza civil de su estrategia interna, utilizando a la milicia —un cuerpo paralelo a la Fuerza Armada— como herramienta política y operativa en medio de la escalada con Washington. Comuneros de Caracas, como Felicita Quesada y Enlli Rodríguez, explicaron a la agencia EFE que las comunidades están realizando reuniones, asambleas y ejercicios de entrenamiento orientados a “responder” ante un eventual ataque, un relato que apunta al creciente uso de estructuras civiles en tareas de defensa que corresponderían a actores militares profesionales.
Aunque persisten el temor y la incertidumbre, el régimen intenta mantener una apariencia de normalidad impulsando celebraciones navideñas adelantadas desde octubre, incluso mientras multiplica los llamados a la movilización. Para sectores críticos, esta dualidad evidencia la estrategia del régimen: utilizar a la población organizada como escudo político y discurso de resistencia, mientras la crisis militar y diplomática continúa profundizándose.