Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) acordarán el próximo lunes, durante un Consejo que se celebrará en Bruselas, extender por otros doce meses el régimen de sanciones contra personas relacionadas con la crisis política, institucional y de derechos humanos en Venezuela, confirmaron fuentes comunitarias.
Las medidas restrictivas, vigentes desde 2017, afectan actualmente a 69 personas e incluyen la congelación de activos, la prohibición de proporcionar fondos o recursos económicos —de forma directa o indirecta— y restricciones de viaje dentro del territorio de la Unión Europea. La decisión se fundamenta en las “persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho”, así como en las continuas violaciones de derechos humanos y la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática.
El Consejo de la UE ya había adoptado formalmente el pasado 10 de enero la prórroga de estas sanciones por un año adicional, tras constatar la falta de avances en materia de garantías democráticas en el país, especialmente a raíz de los acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En esa ocasión, el bloque europeo añadió 15 nuevos nombres a la lista, entre ellos la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Caryslia Rodríguez.
De acuerdo con fuentes comunitarias citadas por EFE, en esta nueva extensión del régimen sancionatorio no está previsto incorporar más personas a la lista negra. No obstante, la UE mantiene la posibilidad de revisar y modificar las medidas en función de la evolución de la situación política y de derechos humanos en el país sudamericano.
Además de las sanciones individuales, el régimen europeo incluye un embargo de armas y de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna. Bruselas ha reiterado que estas medidas están diseñadas para evitar efectos humanitarios adversos o consecuencias no deseadas sobre la población venezolana y que pueden ser levantadas si se producen avances verificables hacia la democracia y el respeto al Estado de derecho.