Un informe elaborado por la organización Conexión Segura y Libre junto al Digital Forensic Research Lab advierte que el Estado venezolano mantiene un sistema de vigilancia de amplio alcance orientado al control político, incluso tras los recientes cambios en el liderazgo del país.
El estudio, titulado “Los vigilantes en la mira”, sostiene que la estructura tecnológica de monitoreo permanece activa y operativa, incluyendo herramientas como videovigilancia, interceptación de comunicaciones, seguimiento digital y vigilancia aérea. Investigaciones previas ya habían advertido que Venezuela cuenta con un modelo “sofisticado” de control digital utilizado para vigilar y presionar a la disidencia .
Según el informe, esta infraestructura —valorada en más de mil millones de dólares— no estaría orientada a la seguridad ciudadana, sino a identificar, rastrear y neutralizar opositores políticos y actores críticos del poder.
Uno de los elementos clave señalados es el uso del sistema VEN911, integrado con cámaras, reconocimiento facial y monitoreo de vehículos, el cual habría sido utilizado para ubicar manifestantes y activistas sin controles judiciales. En paralelo, se documenta el uso de drones, rastreo de dispositivos y vigilancia directa sobre ciudadanos.
El reporte también destaca el papel del llamado Sistema Patria, descrito como una plataforma de recopilación masiva de datos con fines políticos, lo que refuerza la preocupación sobre el manejo de información personal en el país.
Organizaciones especializadas advierten que este tipo de mecanismos forman parte de un ecosistema más amplio de control digital y censura, que en los últimos años ha incluido bloqueos de internet, monitoreo de redes y vigilancia de la población .
El informe concluye que la permanencia de este sistema representa un riesgo significativo para los derechos civiles, especialmente la privacidad, la libertad de expresión y la participación política en Venezuela.