La organización no gubernamental Foro Penal informó que en Venezuela hay 485 presos políticos hasta el 6 de abril de 2026, una cifra que evidencia que la crisis de derechos humanos en el país continúa sin resolverse pese a recientes medidas oficiales.
De acuerdo con el balance divulgado el 9 de abril, entre los detenidos se contabilizan 44 extranjeros, además de tres personas cuyo paradero sigue siendo desconocido, lo que incrementa la preocupación de organizaciones y familiares.
El informe detalla una radiografía precisa de la población reclusa: 440 hombres y 45 mujeres, con apenas un adolescente detenido. Asimismo, 298 son civiles y 187 militares, mientras que solo 165 cuentan con condena, lo que deja a 320 personas sin sentencia firme, en una situación de prolongada incertidumbre judicial.
Aunque en el último reporte se registraron cinco excarcelaciones, la ONG advierte que el ritmo de liberaciones sigue siendo lento. Su director, Alfredo Romero, ha señalado que la Ley de Amnistía, lejos de acelerar los procesos, estaría funcionando como un “embudo” que retrasa la libertad de muchos detenidos.
Desde 2014, Foro Penal ha documentado más de 19.000 arrestos por motivos políticos, de los cuales miles de personas han pasado por prisión y un número significativo continúa bajo medidas restrictivas de libertad.
Denuncias desde El Rodeo I agravan la preocupación
La situación se torna aún más crítica tras recientes denuncias sobre lo que ocurre en el penal de El Rodeo I, donde presos políticos habrían alertado sobre represión interna, condiciones extremas y posibles víctimas fatales, según organizaciones civiles.
De forma extraoficial, se ha mencionado la presunta muerte de un recluso extranjero dentro del centro penitenciario, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial, lo que aumenta la incertidumbre y el temor entre familiares.
El nuevo balance de Foro Penal, sumado a las denuncias desde distintos centros de detención, refuerza las alertas sobre el estado del sistema judicial y penitenciario venezolano, mientras organismos internacionales mantienen la atención sobre la situación de los derechos humanos en el país.
