Declaraciones filtradas del exjefe de inteligencia chavista Hugo “El Pollo” Carvajal ante la Corte Penal Internacional (CPI) han encendido una polémica global al señalar directamente al dictador derrocado Nicolás Maduro y al ministro del Interior Diosdado Cabello como responsables de coordinar la represión sistemática y el uso de grupos paramilitares para aplastar protestas sociales en Venezuela.
En su testimonio ante la CPI, donde coopera en el llamado Caso Venezuela I, Carvajal delineó dos modalidades de control represivo del régimen: el “control formal” a través de organismos de seguridad estatal y un “control informal” ejecutado por organizaciones criminales paraestatales o paramilitares que, según él, actuaron al margen de la ley para sofocar la disidencia.
Asimismo, el exgeneral —hoy detenido en Nueva York mientras enfrenta juicio por delitos de narcotráfico y narcoterrorismo en Estados Unidos— enumeró a múltiples funcionarios que, a su juicio, participaron en crímenes de lesa humanidad durante la última década, entre ellos a Tareck El Aissami, Néstor Reverol, Gustavo González López y otros altos mandos de seguridad. En su relato, Diosdado Cabello fue caracterizado como integrante clave del llamado “comando antigolpe” que habría dirigido ataques represivos entre 2014 y 2017.
Carvajal enfatizó que su ruptura con el chavismo fue motivada por lo que calificó como “atrocidades cometidas y violaciones continuas de derechos humanos”, y afirmó que retiró su apoyo al régimen en honor al pueblo venezolano, aunque denunció enfrentar “obstáculos personales” que limitan su cooperación plena con la CPI.
Este testimonio se suma a otras declaraciones recientes del exfuncionario en las que ha descrito al gobierno venezolano como una estructura criminal que habría utilizado, según su versión, bandas armadas como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles para controlar y reprimir, así como presuntas prácticas ilegales vinculadas al tráfico de drogas.
La filtración de estas declaraciones plantea un nuevo foco de atención internacional sobre las posibles responsabilidades penales de altos dirigentes chavistas por presuntos crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos fundamentales, y podría influir en las investigaciones que actualmente adelanta la Corte Penal Internacional sobre Venezuela.