A partir de las 11:59 p.m. de este viernes 7 de noviembre, cerca de 600.000 venezolanos residentes en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado en 2021 perderán su estatus migratorio y pasarán a ser considerados indocumentados, según lo establecido por la administración del presidente Donald Trump y ratificado por fallos de la Corte Suprema.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la decisión alegando “mejoras económicas y de seguridad” en Venezuela, pese a las denuncias internacionales sobre la persistente crisis humanitaria en el país.
Expertos y organizaciones califican la medida como la mayor “ilegalización” colectiva de inmigrantes en la historia de EE. UU., ya que afectará a cientos de miles de familias que habían encontrado estabilidad laboral y médica gracias al programa. Solo unos 5.000 beneficiarios que lograron reinscribirse a tiempo conservarán sus permisos de trabajo hasta octubre de 2026, debido a órdenes judiciales previas.
Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, calificó el impacto como “devastador”, citando casos de personas que perderán acceso a tratamientos médicos vitales. “Hay pacientes que quedarán fuera de listas de trasplantes o sin cobertura para diálisis, y madres que temen ser detenidas en hospitales dejando a sus hijos solos”, relató.
Organizaciones proinmigrantes han pedido al Congreso y a la Casa Blanca reconsiderar la decisión, advirtiendo que miles de vidas venezolanas podrían quedar en riesgo ante la pérdida de estatus, empleo y acceso a salud.