El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, denunció que al menos 20 periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela se encuentran atrapados en un “limbo jurídico”, sometidos a procesos judiciales sin resolución que, según el gremio, funcionan como un mecanismo de censura prolongada.
De acuerdo con el informe presentado, estos comunicadores permanecen bajo medidas cautelares pese a no existir pruebas concluyentes ni avances en sus casos, lo que limita su movilidad, derechos civiles y ejercicio profesional.
El CNP advirtió que esta práctica convierte al sistema judicial en una herramienta de presión indirecta, al mantener abiertas causas sin cierre formal. “Se condena al periodista a un limbo jurídico donde la medida cautelar se transforma en un castigo permanente”, señaló el gremio.
Según la organización, esta situación fomenta la autocensura, al existir la amenaza constante de reactivar los procesos en cualquier momento, lo que impacta directamente el ejercicio del periodismo en el país.
El balance presentado también revela un deterioro en las condiciones para la libertad de expresión. Solo en el primer trimestre de 2026 se registraron al menos 76 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, incluyendo detenciones arbitrarias, intimidaciones y restricciones a la cobertura informativa.
A este panorama se suma el bloqueo de más de 50 medios digitales y la aparición de nuevas formas de desinformación, como la difusión de contenidos generados con inteligencia artificial que simulan noticieros y distorsionan la realidad informativa, según el CNP.
El gremio alertó que el periodismo en Venezuela enfrenta una transformación en los mecanismos de control, pasando de la represión directa a formas más silenciosas de hostigamiento, donde los procesos judiciales abiertos se convierten en una herramienta de presión sostenida.
Ante este escenario, organizaciones de prensa reiteraron su llamado a garantizar el respeto a la libertad de expresión y al debido proceso, mientras insisten en que informar no debe ser considerado un delito.
