La persecución contra los presos políticos en Venezuela no termina con su excarcelación. Un reciente reportaje revela que muchos de ellos enfrentan una segunda fase de castigo: la pérdida total de sus bienes y estabilidad económica, en lo que analistas describen como un mecanismo sistemático de asfixia financiera.
Según una investigación del diario español El País, el aparato estatal habría desarrollado una estructura legal y operativa que permite confiscar propiedades, cuentas bancarias y activos personales, dejando a los afectados en situación de ruina tras su paso por prisión .
Testimonios de víctimas
Entre los casos documentados destaca el del exdirigente político Enrique Márquez, quien relató que, tras su detención, su vivienda fue intervenida y despojada de pertenencias.
Testimonios recogidos apuntan a allanamientos, incautación de bienes y vaciamiento de cuentas, prácticas que han dejado a familias enteras sin recursos ni medios de subsistencia .
Una ley bajo cuestionamiento
El núcleo de esta política estaría en la Ley de Extinción de Dominio, aprobada en 2023, que permite al Estado tomar posesión de bienes presuntamente vinculados a actividades ilícitas, incluso sin una sentencia penal firme.
Aunque la normativa fue presentada como una herramienta contra la corrupción y el narcotráfico, organizaciones y expertos denuncian que ha sido utilizada como un instrumento contra la disidencia política, ampliando el castigo más allá de la detención .
Impacto humano y político
El fenómeno ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre un patrón que combina represión judicial con despojo económico, agravando la vulnerabilidad de opositores y sus familias.
En un contexto donde persisten denuncias de detenciones arbitrarias y abusos, este mecanismo añade una nueva dimensión al conflicto político venezolano, al extender las consecuencias de la persecución más allá de las cárceles y hacia la vida cotidiana de los afectados.