La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes el cierre de su oficina en Caracas debido a la ausencia de avances reales en la cooperación del régimen de Nicolás Maduro. Pese a esta decisión, el organismo confirmó que la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela continúa “activa, centrada y guiada por la evidencia”.
El anuncio fue realizado por el Fiscal Adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, durante la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma celebrada en La Haya. Allí, Niang explicó que el cierre responde a la necesidad de administrar recursos con eficacia ante un escenario en el que la complementariedad —la colaboración del Estado bajo investigación— “sigue siendo un desafío”.
“Tras un trabajo continuo, hemos determinado que el progreso real en la complementariedad sigue siendo un desafío. Por consiguiente, y conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros limitados recursos, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, afirmó.
Niang aclaró que la salida física de la CPI de Venezuela no implica retrocesos en el proceso judicial: “Nuestra investigación se mantiene centrada y activa gracias al trabajo de nuestro equipo dedicado y unificado, junto con nuestros socios y, como siempre, guiados por la evidencia y la ley”.
La medida llega un año después de que el entonces fiscal Karim Khan alertara que “el camino de la complementariedad se está agotando”, y lamentara la falta de reformas jurídicas y compromisos verificables por parte del régimen. Desde entonces, la Fiscalía ha intensificado la recopilación de pruebas y el trabajo con socios internacionales para documentar violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Con el cierre de la oficina en Caracas, la CPI envía una señal clara: la cooperación con el régimen venezolano ha sido insuficiente, pero el proceso para determinar responsabilidades penales internacionales continúa en marcha.