La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Amnistía, una normativa que, en teoría, está orientada a beneficiar a personas consideradas presos políticos en Venezuela.
La ley fue sancionada durante una sesión ordinaria del Parlamento y establece mecanismos para extinguir la responsabilidad penal de ciudadanos que hayan sido procesados o condenados por hechos vinculados a conflictos de carácter político, en distintos contextos de confrontación institucional y social.
No obstante, sectores de la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado fuertes reservas sobre la medida, calificándola como una “farsa” que no garantiza liberaciones inmediatas ni ofrece una solución efectiva para quienes continúan detenidos por razones políticas.
Los críticos advierten que la aplicación real de la ley dependerá de la voluntad de las autoridades judiciales y ejecutivas, y temen que su implementación esté sujeta a condiciones discrecionales que limiten su impacto. A su juicio, sin acciones concretas y verificables, la normativa podría convertirse en un instrumento simbólico sin efectos reales sobre la situación de los detenidos.
La aprobación de la Ley de Amnistía ocurre en medio de crecientes presiones nacionales e internacionales para que el Estado venezolano avance en la liberación de presos políticos y adopte medidas que contribuyan a una distensión política y al respeto de los derechos fundamentales.