El Gobierno de Argentina anunció un ambicioso plan de reforma carcelaria denominado “Ocio Cero”, que busca eliminar privilegios dentro de los penales. Entre las medidas se establecen la prohibición de poseer teléfonos celulares, la suspensión de planes sociales y la obligación de que las personas detenidas trabajen mientras cumplen sus condenas. Según voceros oficiales, la iniciativa pretende que “quien causó daño, pague su condena sin beneficios extra”.
El anuncio generó comparaciones inmediatas con el modelo de seguridad implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, conocido por endurecer las cárceles y restringir el uso de tecnología entre los reclusos. Sectores del gobierno argentino, incluyendo al presidente Javier Milei, han expresado admiración por la experiencia salvadoreña, lo que ha llevado a interpretar “Ocio Cero” como un primer paso hacia un estilo similar en Argentina.
La medida ha dividido opiniones: mientras algunos celebran el fin de las “comodidades” que, según dicen, permitían a los presos operar desde el interior de las cárceles, otros alertan sobre posibles violaciones de derechos y riesgos asociados a copiar un modelo sin analizar todas sus consecuencias.
Con “Ocio Cero”, Milei envía un mensaje claro: la gestión penitenciaria en Argentina busca endurecerse y dejar atrás la lógica anterior de beneficios internos, marcando un cambio significativo en la política carcelaria del país.