La historia de Marilú Paredes, una venezolana de 66 años, ha generado preocupación después de que fuera deportada por autoridades migratorias estadounidenses a la República Centroafricana, en África. La mujer se encuentra en Bangui, lejos de sus familiares y en un entorno que, según sus allegados, le resulta desconocido.
De acuerdo con la denuncia familiar, Paredes fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando acudió a una presentación migratoria obligatoria en el estado de Luisiana. Posteriormente, fue trasladada a África junto a otras nueve mujeres latinoamericanas.
Sin pasaporte y con dificultades para regresar
Uno de los principales motivos de preocupación es que, según su hija, Maylú López, las autoridades retuvieron el pasaporte de su madre. La falta de este documento complica las gestiones consulares y la búsqueda de una vía legal para que pueda abandonar el país africano y reunirse con sus seres queridos.
La familia sostiene que Paredes contaba con una medida de protección migratoria que impedía su deportación a Venezuela. Por ello, busca asesoría jurídica para revisar las circunstancias de su expulsión y determinar qué alternativas legales existen para afrontar su situación.
La separación también tiene consecuencias familiares. Según los allegados, el esposo de Marilú atraviesa un proceso de recuperación tras la amputación de una pierna y dependía en buena medida de los cuidados que ella le proporcionaba. La distancia y la incertidumbre han agravado la angustia de sus seres queridos.
Una campaña para cubrir los gastos legales y consulares
Ante esta situación, Maylú López puso en marcha una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir los honorarios de abogados, las gestiones migratorias y consulares, y otras necesidades derivadas de la separación familiar.
La iniciativa, titulada Apoyo para Marilu Paredes, busca reunir recursos que permitan a la familia explorar alternativas legales y humanitarias para conseguir su regreso.
Las deportaciones a terceros países, bajo escrutinio
El caso se produce en medio de la controversia por la política estadounidense de trasladar a personas migrantes a países distintos de aquellos de los que son originarias.
Un informe de Human Rights Watch publicado el 8 de octubre de 2026 documentó que, entre enero de 2025 y agosto de 2026, más de 500 personas fueron enviadas desde Estados Unidos a países africanos. La organización expresó preocupación por los riesgos que pueden afrontar algunas de estas personas, especialmente cuando cuentan con medidas de protección frente a una deportación a su país de origen.
La República Centroafricana ha recibido varios grupos de personas deportadas desde Estados Unidos. Estos traslados han suscitado cuestionamientos sobre las garantías legales, el acceso a documentos de identidad y la posibilidad de que los afectados obtengan protección y asistencia en los países de destino.
En el caso de Marilú Paredes, su familia insiste en que necesita asistencia legal y consular para encontrar una salida a una situación que considera injusta y que mantiene separados a sus integrantes.
Mientras se exploran las vías disponibles, sus allegados piden solidaridad y apoyo para afrontar los gastos del proceso. Su objetivo es lograr que Marilú pueda recuperar su documentación y reunirse con su familia, aunque el desenlace dependerá de las gestiones legales y de las decisiones de las autoridades competentes.