El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) volvió a cuestionar el uso de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia como instrumento para perseguir y judicializar a periodistas y trabajadores de medios en Venezuela. A través de sus redes sociales, el gremio sostuvo que la normativa contempla penas de hasta 20 años de prisión y afirmó que, a enero de 2026, siete de cada diez periodistas presos o sometidos a procesos judiciales enfrentaban cargos relacionados con la incitación o promoción del odio.
La legislación, aprobada en 2017, establece penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes, mediante cualquier medio de difusión pública, fomenten, promuevan o inciten al odio, la discriminación o la violencia. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA ha cuestionado anteriormente la amplitud de estas disposiciones y advirtió sobre el riesgo de que produzcan un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión y de prensa.
El pronunciamiento del SNTP se suma a la campaña iniciada hace semanas, en la cual la organización reclama el cierre de los procesos judiciales contra periodistas. En una propuesta presentada recientemente, el sindicato registró decenas de periodistas y trabajadores de la prensa judicializados y exigió, entre otras medidas, la derogación de la Ley contra el Odio y de otras normas utilizadas para criminalizar la opinión y la crítica.
Para el gremio, no es suficiente que la legislación deje de aplicarse: debe ser eliminada formalmente y, además, deben cerrarse las causas judiciales que se originaron bajo su aplicación. El SNTP sostiene que esta medida resulta indispensable para garantizar la libertad de prensa y evitar que el sistema penal vuelva a utilizarse como mecanismo de persecución contra periodistas y ciudadanos por sus opiniones o por ejercer el derecho a informar.