El acuerdo petrolero anunciado por Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela enfrenta una importante controversia jurídica por la participación accionarial del 35 % que Washington pretende obtener en la empresa matriz de North American Blue Energy Partners (NABEP), compañía vinculada al empresario venezolano Alejandro Betancourt López. Un análisis jurídico al que tuvo acceso El Pitazo sostiene que el Office of Strategic Capital (OSC), organismo del Departamento de Defensa encargado de recibir la participación, no tendría una autorización legal inequívoca para poseer y administrar acciones de una compañía petrolera privada.
El pacto contempla concesiones durante 100 años sobre 17 campos petroleros venezolanos, con reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles. A cambio, según la Casa Blanca, NABEP otorgaría al Gobierno estadounidense el 35 % de su empresa matriz, el derecho a comprar el 20 % de la producción a precio de coste y prioridad para adquirir el resto, mientras Washington conservaría además poder de veto sobre los nombramientos de la junta directiva.
El punto central de la controversia está en las competencias del OSC. La oficina fue creada para impulsar financiación e inversiones relacionadas con tecnologías y activos considerados estratégicos para la seguridad nacional. Sin embargo, expertos y legisladores han cuestionado que esa autoridad permita convertir al Departamento de Defensa en accionista de una empresa petrolera privada extranjera. Semafor reportó que el Congreso no ha aprobado hasta ahora las propuestas que habrían otorgado expresamente al organismo esa facultad.
Una posible vía jurídica sería estructurar la participación mediante instrumentos financieros como warrants —derechos que permitirían adquirir acciones posteriormente—, fórmula que ha sido mencionada en informaciones sobre la negociación. Pero los documentos públicos todavía no permiten determinar con precisión cómo se ejercerían los derechos de propiedad, voto, veto o una eventual venta de esa participación, ni cuál sería exactamente la autoridad legal utilizada por el Gobierno estadounidense.
La controversia adquiere especial relevancia por la magnitud económica del acuerdo. La propia Casa Blanca lo presenta como una operación destinada a garantizar a Estados Unidos acceso estratégico a las reservas venezolanas durante el próximo siglo y afirma que se realizará sin coste para los contribuyentes estadounidenses. Sin embargo, mientras no se hagan públicos los instrumentos societarios y jurídicos definitivos, la estructura exacta de la participación estadounidense y su fundamento legal siguen bajo escrutinio.