Nueve años después del asalto al Fuerte Paramacay, el caso que llevó a prisión al capitán retirado de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano y a otros 22 procesados vuelve este miércoles 26 de agosto a los tribunales. La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Carabobo celebrará una audiencia oral y pública para conocer los recursos presentados contra las condenas dictadas en diciembre de 2025.
Caguaripano fue detenido el 11 de agosto de 2017, cinco días después de la llamada Operación David, incursión armada contra el Fuerte Paramacay, en Naguanagua, estado Carabobo. En diciembre del año pasado, el Tribunal Tercero de Juicio de Carabobo condenó a 23 personas a 30 años de prisión, la pena máxima prevista en Venezuela para los delitos por los que fueron sentenciados.
La audiencia de este miércoles representa una nueva instancia para revisar esas decisiones. La defensa ha denunciado vicios en el proceso, violaciones al debido proceso y fallas en la valoración de las pruebas, mientras que organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado las condiciones en las que se desarrolló el proceso judicial. La admisión del recurso, sin embargo, no significa que la condena haya sido anulada ni que exista una decisión de libertad: la Corte deberá escuchar los argumentos y decidir posteriormente sobre los recursos.
El caso también arrastra una historia de denuncias sobre las condiciones de detención de Caguaripano. Una investigación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela documentó información considerada creíble sobre graves lesiones que presentó después de su captura y recogió denuncias de tortura y violencia sexual formuladas por el propio capitán. Un examen médico forense realizado durante su presentación judicial registró múltiples lesiones en distintas partes de su cuerpo.
La defensa y los familiares de los procesados sostienen que lo que está en juego es el derecho al debido proceso y a una revisión judicial efectiva después de casi una década de prisión. Sus partidarios reivindican además los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana como fundamento de la posición política asumida por Caguaripano, mientras que las autoridades lo acusaron por su participación en una incursión armada en la que fueron sustraídas armas de la instalación militar.
Ahora la atención está puesta en la Corte de Apelaciones de Carabobo. La decisión que adopte podrá mantener las condenas, modificarlas o eventualmente ordenar una nueva revisión del proceso, según el alcance de los recursos presentados. Después de nueve años, el caso Paramacay vuelve a colocarse en el centro del debate sobre justicia, debido proceso y situación de los presos vinculados a hechos políticos y militares en Venezuela.