Un juez federal de Estados Unidos asestó un importante golpe a la política migratoria de la administración de Donald Trump al declarar ilegales las medidas que paralizaron la tramitación de beneficios migratorios para ciudadanos de 39 países. La decisión obliga al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) a reanudar de inmediato el procesamiento de solicitudes de asilo, permisos de trabajo, residencias permanentes y procesos de naturalización que permanecían congelados desde finales del año pasado.
La sentencia fue emitida por el juez federal John McConnell, quien concluyó que las restricciones implementadas por el Gobierno excedieron los límites establecidos por la ley y colocaron a miles de inmigrantes en una situación de incertidumbre jurídica. Las medidas habían sido justificadas por las autoridades bajo el argumento de reforzar los controles de seguridad y los mecanismos de verificación para ciudadanos procedentes de países de África, Asia, América Latina y Medio Oriente.
El fallo responde a una demanda presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y agrupaciones sindicales, que denunciaron que las políticas migratorias estaban afectando a personas que habían cumplido con todos los requisitos legales exigidos por las autoridades estadounidenses. Según la decisión judicial, los retrasos y bloqueos administrativos no obedecían a irregularidades cometidas por los solicitantes, sino exclusivamente a su nacionalidad o país de origen.
En una de las partes más contundentes de la resolución, McConnell afirmó que el Gobierno sometió a miles de personas a un «limbo legal indefinido» y sostuvo que las autoridades migratorias incumplieron las normas que regulan sus actuaciones. La decisión representa una victoria para las organizaciones proinmigrantes y podría beneficiar a miles de solicitantes que durante meses vieron suspendidos sus procesos sin recibir una respuesta definitiva sobre su futuro migratorio en Estados Unidos.