El sistema penitenciario venezolano atraviesa una de sus etapas más críticas. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que miles de personas privadas de libertad sobreviven en condiciones marcadas por el hacinamiento, la insalubridad, la falta de atención médica y el abandono institucional, una situación que, según la organización, constituye una grave vulneración de los derechos humanos.
En su más reciente informe anual, el OVP advirtió que las deficiencias en el acceso al agua potable, medicamentos, alimentación y servicios de salud no son hechos aislados, sino parte de una crisis estructural que afecta a cárceles y calabozos en todo el país. La organización sostiene que la ausencia de políticas efectivas para atender el deterioro de los centros de reclusión ha convertido estos espacios en entornos de alto riesgo para la vida y la integridad física de los detenidos.
La denuncia cobra especial relevancia tras la publicación de cifras que reflejan la magnitud de la emergencia. De acuerdo con el OVP, al menos 181 personas murieron bajo custodia del Estado durante 2025, de las cuales 158 fallecieron en cárceles y 23 en calabozos policiales. El informe señala que el 95 % de estas muertes estuvo vinculado a la falta de atención médica oportuna y adecuada.
La organización también alertó que, en muchos casos, son los familiares quienes deben asumir la responsabilidad de suministrar agua, alimentos, medicamentos y productos básicos a los reclusos. Ante este panorama, el OVP reiteró su llamado a las autoridades para adoptar medidas urgentes que permitan garantizar condiciones dignas de reclusión y frenar una crisis penitenciaria que, según advierte, sigue cobrando vidas dentro de los centros de detención venezolanos.