Los reveladores testimonios en el caso PDVSA-Cripto, señalan el uso de empresarios venezolanos como chivos expiatorios, tal es el caso de hermanos Rafael y Roger Perdomo, detenidos desde hace tres años sin que se les haya podido demostrar vinculación con la causa. El delito de los empresarios, fue haber aceptado en el año 2020 contratos de PDVSA, lo que les costó el despojo de todo el patrimonio familiar construido hace más de dos décadas.
En las audiencias del caso PDVSA-Cripto, el empresario Rafael Perdomo, director de la Constructora HP, rompió el silencio y reveló una sistemática violación a sus derechos constitucionales, al debido proceso y a la propiedad privada.
Perdomo denunció que, tras su detención arbitraria y bajo engaño en marzo del 2023, comisiones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBÍN, irrumpieron en sus propiedades y desalojaron sin orden judicial a sus padres, hermanos, esposa e hijos. «A todos los dejaron en la calle y actualmente hay funcionarios del SEBÍN viviendo en lo que era mi apartamento», fustigó, aclarando que dichos bienes fueron adquiridos lícitamente hace más de 20 años.
Asimismo, alertó sobre el despojo del conocido Colegio Jefferson, ubicado en Caracas, propiedad legítima de la familia desde el 2021, indicó que un empresario vinculado a una empresa recolectora de basura de Baruta amedrentó a su esposa, la sacó de la administración y a sus hijos de la institución, alegando ser el nuevo dueño, de esto no existe ningún documento de venta.
Perdomo aseguró que tiene pruebas suficientes para demostrar el origen de su patrimonio privado, cuyo capital surgió en 2010 con la venta de un autolavado en la Avenida Victoria por 900 mil dólares.
Explicó que su empresa no trabajaba con el sector público y que fue en noviembre del 2020 cuando aceptó contratos con PDVSA.
Enfatizó que ejecutó y entregó al 100% cinco obras de gran envergadura en la Refinería Cardón, PDVSA Mercado Nacional y PDVSA Industrial. Dijo que jamás recibió pagos en criptomonedas ni en crudo, y por el contrario, es el Estado venezolano el que le adeuda más de 20 millones de dólares por trabajos culminados.
Tras tres años en prisión sin juicio justo, derecho a la defensa, ni experticias financieras admitidas, el empresario lamentó haber contratado con el Estado, pues aseguró que esto le ha costado muy caro, sentenció ante el tribunal que lamentablemente, en este caso no existe una investigación seria y contundente, aseguró que ellos fueron usados como chivos expiatorios y que la justicia les ha dado la espalda.