La justicia española volvió a centrar su atención en Venezuela luego de que la Audiencia Nacional solicitara formalmente información a las autoridades venezolanas sobre 14 presuntos exmiembros de la organización terrorista ETA que, según distintas investigaciones, habrían permanecido refugiados en territorio venezolano durante años.
La decisión fue revelada inicialmente por el diario El País y forma parte de una investigación dirigida por el magistrado Francisco de Jorge, quien emitió una comisión rogatoria para que Caracas facilite información sobre el paradero, actividades y posibles vínculos de varios exintegrantes de ETA que continúan siendo reclamados por la justicia española.
Entre los nombres incluidos en la solicitud figura José Ignacio de Juana Chaos, uno de los exdirigentes más conocidos de la organización separatista vasca, además de otros presuntos miembros vinculados al denominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos (EIPK), una estructura que, según los investigadores, habría mantenido relaciones con la dirección de ETA incluso después de establecerse fuera de España.
La Audiencia Nacional también solicitó colaboración a las autoridades de Estados Unidos para obtener información relacionada con el exjefe de inteligencia venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como “El Pollo” Carvajal, actualmente encarcelado en territorio estadounidense. Los investigadores consideran que el exfuncionario podría aportar datos relevantes sobre la presencia y protección de miembros de ETA en Venezuela durante los últimos años.
Uno de los aspectos que más llama la atención dentro de la resolución judicial es que el magistrado argumenta que el actual contexto político venezolano podría abrir una etapa de cooperación institucional que anteriormente resultaba imposible. Según el auto, el denominado “cambio político” registrado recientemente en Venezuela permitiría inferir una mayor disposición de las autoridades para colaborar con las solicitudes de la justicia española.
Durante años, distintas asociaciones de víctimas del terrorismo y organismos de seguridad españoles denunciaron que varios miembros de ETA encontraron refugio en Venezuela y que las solicitudes de extradición o cooperación judicial enfrentaban obstáculos debido a la falta de colaboración entre ambos países.
La investigación forma parte de los esfuerzos de la Audiencia Nacional por esclarecer el papel que habrían desempeñado algunos de estos exintegrantes dentro de la estructura internacional de ETA y determinar si aún existen responsabilidades penales pendientes relacionadas con atentados y actividades de apoyo a la organización terrorista.