La organización Cecodap advirtió que la prolongada crisis eléctrica en Venezuela está generando graves consecuencias sobre la salud mental, la educación y el bienestar de niños y adolescentes, en medio del deterioro acelerado de los servicios básicos en el país.
En un pronunciamiento difundido, la ONG señaló que los constantes apagones están afectando directamente el desarrollo integral de millones de menores, quienes enfrentan jornadas escolares bajo condiciones extremas, interrupciones permanentes y un creciente ambiente de estrés e incertidumbre.
Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2025), nueve de cada diez hogares venezolanos sufren fallas eléctricas diarias o esporádicas, una situación que, de acuerdo con Cecodap, dejó al descubierto el colapso acumulado de la infraestructura educativa y de servicios públicos.
La organización denunció que numerosas escuelas funcionan sin ventilación adecuada, con baños inoperativos, dificultades para acceder al agua potable y condiciones que hacen prácticamente imposible desarrollar una jornada escolar normal.
“Hay estudiantes sometidos a largas horas de calor extremo que afectan la concentración y el aprendizaje”, alertó la ONG, que también señaló que muchos niños deben realizar tareas escolares en medio de cortes eléctricos constantes dentro de sus hogares.
Cecodap aseguró que el impacto de la crisis va mucho más allá de las dificultades académicas y comienza a comprometer derechos fundamentales como el descanso, la estabilidad emocional y la salud mental de los menores.
La ONG advirtió que la incertidumbre permanente provocada por apagones, cambios de horarios, interrupciones del sueño y pérdida de conectividad está incrementando los niveles de ansiedad, agotamiento y estrés en niños y adolescentes venezolanos.
Además, denunció situaciones extremas dentro de algunos planteles educativos, donde estudiantes reducen incluso el consumo de agua para evitar utilizar sanitarios dañados o sin funcionamiento.
La organización pidió a las autoridades atender de manera urgente el deterioro de los servicios públicos y garantizar condiciones mínimas para proteger los derechos de la infancia, al considerar que la crisis eléctrica ya se transformó en una emergencia humanitaria silenciosa que afecta directamente a toda una generación de venezolanos.