La presión judicial sobre el entorno del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dio un nuevo giro luego de que el juez Juan Carlos Peinado citara formalmente a Begoña Gómez y a otros dos investigados a una audiencia preliminar en la que se les notificará que serán juzgados por un jurado popular.
Según reveló el medio español Vozpópuli, la comparecencia fue fijada para el próximo 9 de junio en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, dentro de la causa que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
En la resolución judicial, el magistrado advirtió que si los acusados no se presentan voluntariamente, podrán ser trasladados “por la fuerza pública”, una medida que refleja el endurecimiento del proceso judicial que rodea al círculo cercano del jefe del Ejecutivo español.
Además de Begoña Gómez, el juez también citó a María Cristina Álvarez —asesora vinculada al entorno presidencial— y al empresario Juan Carlos Barrabés, señalado en la investigación por presuntas relaciones privilegiadas con contratos y adjudicaciones públicas.
La decisión del juez Peinado representa uno de los momentos más delicados para el Gobierno de Sánchez, que enfrenta simultáneamente la crisis abierta por la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y crecientes protestas opositoras en distintas ciudades españolas.
La investigación sobre Begoña Gómez ha generado un terremoto político en España durante los últimos meses, especialmente por las sospechas de presunto uso de influencia institucional para favorecer proyectos empresariales y académicos vinculados a empresarios cercanos al Ejecutivo.
Desde el entorno del Gobierno han insistido en denunciar una supuesta “persecución política y mediática”, mientras la oposición exige responsabilidades y acusa al Ejecutivo de intentar desacreditar las investigaciones judiciales.
La posibilidad de que la esposa del presidente español enfrente un juicio con jurado popular amenaza con profundizar aún más la crisis política que atraviesa el PSOE en medio de una creciente tensión institucional y judicial en España.