El plazo anunciado por el oficialismo venezolano para concretar la excarcelación de 300 presos políticos entra en su fase final, mientras crece la presión de familiares, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición que exigen el cumplimiento total de la promesa realizada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
De acuerdo con el cronograma expuesto por Rodríguez días atrás, las liberaciones debían completarse antes del viernes, lo que deja aproximadamente horas para que el sistema judicial venezolano materialice la medida anunciada públicamente.
Hasta ahora, se han confirmado algunas excarcelaciones, entre ellas trabajadores vinculados al caso “PDVSA Obrero” y los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, detenidos desde los sucesos de abril de 2002. Sin embargo, familiares y ONG sostienen que la cifra de liberados continúa muy por debajo de lo prometido.
La organización Foro Penal advirtió que en Venezuela todavía permanecen más de 400 presos políticos, además de otros casos no registrados oficialmente. Su director, Alfredo Romero, insistió en que las liberaciones “no son un gesto humanitario”, sino una obligación del Estado frente a las denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.
En paralelo, familiares de detenidos mantienen vigilias y protestas frente a cárceles como El Rodeo I y tribunales del país, denunciando torturas, aislamiento, deterioro de salud y muertes bajo custodia.
El anuncio de excarcelaciones ocurre además en medio de fuertes cuestionamientos internacionales por las condiciones de reclusión en Venezuela, tras recientes denuncias sobre desapariciones forzadas, abusos sexuales y fallecimientos de presos políticos en centros penitenciarios del país.