Una investigación de la Audiencia Nacional de España sacudió este martes el panorama político español y venezolano tras revelar presuntas conexiones entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y operaciones vinculadas al petróleo venezolano controladas desde el entorno de Delcy Rodríguez.
El juez José Luis Calama, encargado del caso Plus Ultra, sitúa a Zapatero como el supuesto “núcleo decisor y estratégico” de una presunta trama de tráfico de influencias y operaciones financieras opacas relacionadas con negocios petroleros y contactos al más alto nivel político en Venezuela.
En el auto judicial aparece mencionada Delcy Rodríguez bajo el alias de “La Dama”, identificada en mensajes interceptados como la figura que controlaba directamente la asignación de cargamentos petroleros venezolanos. Según las comunicaciones analizadas por la justicia española, “La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos”.
La investigación sostiene que empresarios internacionales y potenciales compradores de petróleo venezolano debían canalizar obligatoriamente sus gestiones a través de Zapatero mediante “cartas de intención”, aprovechando su presunto acceso privilegiado a altos niveles del poder chavista.
Entre las pruebas citadas por el magistrado figura una comunicación de enero de 2024 en la que el empresario Domingo Amaro Chacón manifestaba estar listo para reunirse con “La Dama y el Ministro de Petróleo” para concretar operaciones vinculadas a cargamentos de crudo venezolano. Para ese momento, Delcy Rodríguez ejercía simultáneamente como vicepresidenta y ministra de Petróleo de Venezuela.
El juez concluye que las evidencias apuntan a una “influencia determinante” de Zapatero en operaciones empresariales relacionadas con Venezuela, presuntamente a cambio de contraprestaciones económicas canalizadas hacia sociedades vinculadas a su entorno familiar.
La causa judicial ha provocado un terremoto político en España, convirtiéndose en el primer gran caso de presunta corrupción que involucra directamente a un expresidente del Gobierno en democracia. Mientras sectores de la oposición exigen explicaciones inmediatas, el entorno de Zapatero niega cualquier irregularidad y asegura que los pagos investigados corresponden a actividades legales de consultoría.