La muerte del exconcejal del PSUV José Manuel García Sabino dio un giro explosivo este lunes luego de que la autopsia practicada por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) descartara la hipótesis inicial de suicidio y confirmara que el dirigente murió por asfixia mecánica por estrangulamiento dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui.
La información fue difundida por el medio regional Antorcha TV, que citó resultados forenses realizados en la medicatura de Barcelona tras el fallecimiento ocurrido la noche del pasado 9 de mayo.
El caso ha generado conmoción nacional debido a que las primeras versiones extraoficiales apuntaban a un supuesto suicidio dentro de la celda donde permanecía recluido desde febrero.
Sin embargo, los resultados forenses contradicen completamente esa narrativa y abren nuevas interrogantes sobre lo ocurrido dentro del recinto policial.
Tras conocerse el informe del Senamecf, las autoridades anunciaron la imputación de los 34 detenidos que compartían celda con García Sabino, mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades individuales en el hecho.
La muerte del exconcejal ocurre además en medio de fuertes denuncias políticas. El abogado y exfiscal venezolano Zair Mundaray aseguró que García Sabino había sido detenido después de denunciar presuntos actos de corrupción dentro de la Alcaldía y el Concejo Municipal de Anaco.
Según Mundaray, el dirigente chavista había señalado irregularidades relacionadas con la administración local y posteriormente comenzó a enfrentar persecución judicial y presiones políticas.
El caso incrementa la tensión alrededor de las denuncias sobre muertes bajo custodia en Venezuela y vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones de detención en calabozos policiales y centros penitenciarios del país.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores políticos han exigido una investigación independiente y transparente para esclarecer si el crimen ocurrió dentro de la celda y si existió responsabilidad directa o encubrimiento por parte de funcionarios policiales.