La ciudadana Johana Rodríguez denunció públicamente ser víctima de una presunta trama de extorsión, abuso de poder y desaparición de su vehículo, luego de que funcionarios policiales le retuvieran el automóvil bajo el argumento de una supuesta investigación vinculada a la Fiscalía de Caracas. La denuncia comenzó a difundirse en redes sociales y medios digitales durante las últimas horas.
Según el relato de Rodríguez, el vehículo fue adquirido legalmente en 2019 a través de una agencia de inversiones en Lara, cumpliendo —asegura— todos los procedimientos exigidos: revisión por tránsito, firma de documento de compra-venta y registro notariado.
Sin embargo, en noviembre de 2025, una comisión de la PNB adscrita a Prados del Golf, en Cabudare, se presentó en su lugar de trabajo notificándole que el automóvil aparecía solicitado por la Fiscalía 159 de Vehículos de Caracas, a cargo de María Laura Maguery. La mujer afirma que fue presionada para acudir al comando policial bajo amenaza de ser detenida, denuncia procedimiento viciado y retardo procesal.
Rodríguez asegura que, una vez dentro de la sede policial, funcionarios identificados como Zambrano, Monserrat y Saveria le informaron que el vehículo supuestamente había ingresado ilegalmente al país y que solo evitaría perderlo si entregaba 5.000 dólares en efectivo.
“Me dijeron que si no pagaba, el carro pasaría a Fiscalía, luego a tribunales y finalmente al Estado”, denunció.
La afectada sostiene que logró reunir parte del dinero, pero que los funcionarios rechazaron recibirlo porque exigían la suma completa. Posteriormente, el vehículo habría sido remitido a la Fiscalía 159 de Caracas.
De acuerdo con la denuncia, una experticia realizada posteriormente por el CICPC concluyó que el automóvil se encontraba en perfectas condiciones y apto para circular, contradiciendo la versión inicial de que se trataba de “chatarra” o un vehículo ilegal.
A pesar de ello, Rodríguez asegura que desde hace seis meses desconoce el paradero de su automóvil. Afirma que el vehículo fue enviado bajo resguardo a una sede de la PNB en Montalbán, Caracas, pero que allí niegan tenerlo, mientras la Fiscalía tampoco ofrece respuestas concretas.
La denunciante también aseguró que no ha recibido audiencia judicial ni pronunciamiento de un tribunal desde que comenzó el caso, por lo que decidió hacer pública la situación y acusar directamente a organismos policiales venezolanos de haberle “desaparecido” el vehículo.
Hasta el momento, ni la PNB ni el Ministerio Público han emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones.
