El fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, presentó este lunes su renuncia formal al cargo tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo, quedando así imposibilitado de continuar al frente del Ministerio Público.
En una carta dirigida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, García Ortiz manifestó su “profundo respeto a las resoluciones judiciales” y reconoció que “ha llegado el momento de abandonar” el puesto.
La inhabilitación, derivada de un proceso judicial que cuestionó su actuación en el ejercicio de sus funciones, dejó al fiscal en una situación insostenible, acelerando su salida en un contexto de alta tensión institucional en España.
Ahora, el Gobierno deberá iniciar el proceso para designar a un nuevo fiscal general, mientras la renuncia de García Ortiz reabre el debate sobre la independencia y politización de la Fiscalía española.