En las costas del estado Falcón, al noroeste de Venezuela, las comunidades pesqueras viven en constante temor. Aunque la presencia militar estadounidense en el Caribe mantiene tensión en la región, los pescadores aseguran que su mayor amenaza no viene del exterior, sino del propio régimen venezolano. Desde septiembre, denuncian ser víctimas de persecuciones, robos de equipos y detenciones arbitrarias por parte de cuerpos de seguridad, que los acusan falsamente de estar vinculados al narcotráfico.
Todo ocurre en el marco de la “Operación Cacique Manaure”, un operativo militar y policial que el Gobierno presenta como parte de la lucha contra el crimen organizado en la Península de Paraguaná. Sin embargo, los habitantes aseguran que esta campaña se ha convertido en una herramienta de abuso. En localidades como El Cayude, Las Cumaraguas y Tiguadare, pescadores afirman que sus motores han sido confiscados sin explicación, que sus viviendas han sido allanadas sin órdenes judiciales y que varios compañeros han sido detenidos y presentados como narcotraficantes sin pruebas.
Organizaciones comunitarias y líderes locales denuncian que estos procedimientos son utilizados para extorsionar y sembrar miedo. En Las Cumaraguas, por ejemplo, cinco pescadores fueron arrestados de madrugada y luego exhibidos en redes sociales como parte de un supuesto desmantelamiento de bandas delictivas. Sus familias aseguran que se trata de falsos positivos y que los verdaderos afectados son trabajadores humildes que viven del día a día de la pesca artesanal.
La situación ha generado protestas y llamados a las autoridades regionales. Los pescadores exigen respeto a la ley y la devolución de sus equipos de trabajo. En respuesta, algunos funcionarios han prometido investigar los casos, pero hasta ahora no se han producido acciones concretas. El miedo se ha extendido: en Tiguadare, muchos han optado por no salir a pescar de noche y guardar sus embarcaciones, temiendo ser detenidos o señalados injustamente.
A los problemas de persecución se suman los derrames petroleros y la pobreza extrema que afectan a estas comunidades, donde escasean el agua, la electricidad y los servicios básicos. Mientras el Gobierno insiste en que el operativo busca frenar el narcotráfico, los pescadores falconianos piden justicia y respeto. “Queremos ley, no abuso; orden, no miedo”, expresan en sus pancartas, como un grito desesperado por ser escuchados.